La presente opinión surge con motivo del reciente debate público sobre la ubicación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM), en mi perspectiva, pone en relieve aspectos de la toma de decisiones de política pública que rara vez se discuten a fondo en los medios, y académicamente está directamente ligada al debate teórico de ¿qué es? y ¿para qué sirve la “planificación”?, entendida como aquello que está en la relación entre el conocimiento y la práctica.

Dadas las dos principales posiciones que tienden a polarizar el debate, considero relevante desmitificar la conceptualización del problema que existe en ambos lados. Por una parte hay que entender que en cualquier proyecto de infraestructura (como en todos los aspectos de la vida misma) no existe una solución objetiva única ideal, ya que aún al agotar todo el conocimiento de los procesos ambientales y las estimaciones costo-beneficio correspondientes siempre al final nos topamos con cuestiones de valor (no me refiero a valor monetario sino valor intrínseco, a valor sentimental como código de existencia, lo moral) cuyas alternativas no pueden ser ponderadas de ninguna forma y se deberían considerar como un asunto de elección social donde la legitimación de la mayoría mediante consulta sí es necesario.

Por otra parte, también en cierto que las decisiones de infraestructura con proyecciones desde cero (sin proyecto real definido) y/o nulo conocimiento de los sistemas ambientales nunca llegarán necesariamente al nivel de soluciones “óptimas” (entendido aquí de manera general en donde los impactos en diferentes ámbitos están siendo considerados) por medio de la elección de la mayoría. Es cierto que aunque todas las opiniones son importantes pero tampoco todas pueden ser igualmente ponderadas, no todas las personas están interesadas e informadas.

La primera posición comúnmente es llamada como tecnocrática, referida al experto en análisis económico, visión con la cual la ingeniería comparte paradigma. Otras veces también se asocia en general al conocimiento técnico-científico, no comparto esta categorización ya que a menudo otro tipo de conocimiento también técnico-científico como el de las ciencias ambientales (por cuestiones de espacio y por ahora resumido a todas las ciencias relacionadas con el ambiente físico) se contrapone a las conclusiones del tecnocrático-económico (como comúnmente lo hace el conocimiento ecológico), sólo que fragmentado como hasta ahora no asume un paradigma general de actuación (práctica normativa).

El conocimiento técnico-económico asume la naturaleza como un sistema que se puede controlar totalmente donde todo es posible y la limitante sólo es el dinero. La herramienta principal es el análisis costo-beneficio, donde una vez contabilizado y monetizando los aspectos considerados más relevantes, sólo es cuestión de elegir la opción donde se maximizan beneficios y disminuyen costos. Esta herramienta asume sistemas ambientales lineales y controlables, limitando el análisis a unas cuantas variables. Se argumenta que en los últimos años dichos análisis han incluido aspectos ambientales y sociales de manera exitosa, sin embargo esto es parcialmente cierto por las siguientes dos razones, que a su vez son suficientes para no considerar esta visión como “única” e “ideal” aproximación:

  • El conocimiento exacto de los sistemas ambientales es un imposible ya que siempre existirán incertidumbres, no sólo por errores de medición sino por dinámica del sistema, que tiende a llegar a rangos caóticos, relaciones causales en doble sentido y con magnitudes variables de acuerdo al contexto, no lineales, en fin todas esas características sistémicas que los modelos matemáticos de la complejidad han permitido identificar.
  • Una razón proveniente de la raíz de la definición misma de economía, esto es, dado recursos finitos al diseñar criterios de asignación los costos-beneficios no provienen solamente de la decisión dada sino de las decisiones que se dejaron de hacer en su lugar (el coste de oportunidad). En otras palabras, asignar recursos a un ramo de infraestructura son recursos que se dejan de aplicar en otros rubros de este y otros temas con costos y beneficios diferentes a diferentes actores, así, en realidad, cualquier decisión última está basada en cuestiones de valor, es decir de elección social.

Ahora frente a este panorama ¿qué hacer?, el punto medio sería la respuesta fácil, pero no obstante certera aun cuando suene poco contundente para quien espera instrucciones de un “experto”. Primero es necesario entender que hay externalidades ambientales y sociales directas e indirectas que aun cuando no cuantificables existen y son relevantes. Tampoco se trata de a priori generalizar conclusiones y tomar partido por algunos de los grupos de interés (empresarios, activistas o gobierno), cada proyecto se debería evaluar en su contexto específico.

Segundo, deben quedar claro los beneficios y costos ligados a sus actores, ¿para quién?, ¿se contempla compensación en caso de costos?, ¿se mitigan los costos? Siempre en cada proyecto hay actores que ganan y otros que pierden, y en este sentido los agravios históricos son muy importantes. El bien común, como un único estado predeterminado del sistema no existe, es algo que se construye en la interacción, entendimiento, empatía, retribución, confianza, compromiso, información, transparencia, en la iteración. Se requiere y se puede ser creativo en la búsqueda de soluciones, siempre y cuando exista apertura de todos los actores. El gobierno en este sentido tiene la responsabilidad de liderar estos procesos y ser su facilitador, desde luego celebro que una nueva forma de toma de decisiones contemple consultas pero siempre y cuando no comprometan el papel que el conocimiento técnico-científico aporta. En este sentido una buena consulta sintetizaría el conocimiento científico ambiental, y el análisis económico para identificar el punto donde empieza la elección social.

Dicho lo anterior, y no rehuyendo la responsabilidad de tomar posición en la situación actual, considero que la actual consulta para el (NAICM) sufre de muchas cosas, es innecesaria, y se corre el riesgo de que se desprestigie para futuros ejercicios. Dentro de las cosas que adolece, es que por motivos políticos está fuera de tiempo, una alternativa ya está en construcción. La alternativa que se ofrece (Santa Lucía) es un proyecto conceptual, así la contabilización de sus posibles costos y beneficios es preliminar. Lo más importante, la información que se ofrece como soporte para la elección no está sintetizada, es poco clara y en ocasiones contradictoria, no hay un organismo que certifique la información que se esparce en medio electrónicos. Esto aunado a los problemas de representatividad y vinculación, el ejercicio francamente parece una simulación.

El caso es tan complejo al no existir una solución ideal. El ahora gobierno electo se mete a un desgaste innecesario, donde su discurso de una nueva forma de toma decisiones participativa corre el riesgo de volverse torpe e improvisada.

En mi opinión se tendría que seguir con el actual proyecto en Texcoco y comprometerse con su revisión para evitar actos de corrupción, disminuir sus costos, y permitir financiación privada para aquellos aspectos donde un alto riesgo presuponga inadmisible comprometer fondos públicos, así como mitigar el impacto y compensar a actores sociales que hayan sido excluidos y agraviados en el pasado, misma situación para el caso de los impactos ambientales.

Dorian Bautista (Do)
Universidad de Washington, USA